Múltiples denuncias en contra de este centro recreativo para niños maltratados, huérfanos o de escasos recursos, hacen evidenciar una cruda realidad en el interior de este lugar. El albergue LA GRAN FAMILIA fue un infierno para miles de menores de edad que buscaban refugio y protección, pero se toparon con un aposento en el cual se practicaba abusos de todo tipo, como el sexual, maltrato y discriminación ejercida por las propias personas que estaban a cargo del cuidado de estos menores de edad.
Menores y adultos vivÃan entre plagas de cucarachas, chinches y ratas. Además hallaron 20 toneladas de basura en el que desarrollaban su vida cotidiana.
Las vÃctimas del albergue que hasta el momento han declarado refieren que eran alimentados con comida en mal estado.
En el albergue La Gran Familia fueron rescatados 6 bebés, 154 mujeres y 158 hombres menores de edad, asà como 50 mujeres y 109 hombres mayores de edad.
Durante el cateo fue detenida la directora Rosa del Carmen Verduzco alias “Mamá Rosa” y 8 personas más. El albergue La Gran Familia operaba desde hace 2 décadas, está vinculada con más de 50 denuncias por tráfico ilegal de personas. La edad de los menores oscila entre los 3 y 17 años, muchos se encontraban en estado de desnutrición.
La fracción del Partido de la Revolución Democrática en la Comisión Permanente propuso que el DIF nacional y estatal, renueve los lineamientos y mecanismos para la vigilancia y supervisión de los albergues. Además, busca que se se generen polÃticas públicas que restituyan a los niños y adolescentes, de acuerdo con la presidenta de la Comisión de los Derechos de la Niñez de la Cámara de Diputados, Verónica Juárez Piña.
Un punto de acuerdo solicitará a la titular del Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia (DIF), Laura Vargas, que informe sobre el caso del albergue “La Gran Familiaâ€, con respecto a la decisión del traslado de los menores a otras entidades federativas, asà como una solicitud a las procuradurÃas generales de la República (PGR) y de Justicia del Estado de Michoacán (PGJEM), la investigación documentara los delitos federales y del fuero común en que podrÃa haber incurrido el albergue.